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Política económica

BOLIVIA EN PROCESO DE TRANSICIÓN

Por Rodrigo Sarmiento*

                                                                                                                                                                     

Hace un año asumió la presidencia de Bolivia Evo Morales Ayma, convirtiéndose en el primer presidente indígena en la historia republicana del país. En un país tan apegado a las tradiciones y rituales como Bolivia, Evo Morales se hizo proclamar  máximo líder indígena de los países andinos, nada menos que en el templo de Kalasasaya en las ruinas de Tiahuanaco, una cultura anterior a la Inca. Esa asunción de mando concitó obviamente gran interés mediático en todo el mundo.

 

Además del hecho de que un indígena ocupara por primera vez la silla presidencial, lo cual ya es noticia en sí, los ojos del mundo estaban fijados en Bolivia por la gran expectativa en el cambio de rumbo en la política económica de este país andino. Después de veinte años consecutivos de aplicación de una economía de corte liberal, el modelo mostraba sus desventajas y desgaste, lo cual se manifestaba, sobre todo, en el descontento generalizado de una mayoría que no lograba ver los beneficios de una economía de libre mercado. El descontento fue hábilmente canalizado por Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS), que gana las elecciones presidenciales anticipadas con mayoría absoluta, ofreciendo un giro radical en el manejo de la economía, desmantelar la economía de libre mercado, nacionalizar los recursos naturales y las empresas estratégicas, redistribuir tierras, asignarle al Estado un mayor papel en el desarrollo del país y en general una política socialista.

 

Ahora bien, veamos los temas clave que están en la agenda de cambio: 1) la “recuperación”, nacionalización de los recursos naturales, 2) las autonomías regionales, y 3) la Asamblea Constituyente. Debemos precisar que estas materias no son de ninguna manera producto de un programa de gobierno coherente ideado por el MAS sino, más bien, el resultado de las necesidades y pedidos de diferentes sectores y regiones y de los llamados “movimientos sociales” que desde las calles precipitaron el cambio de timón y rumbo en octubre de 2003, obligando a renunciar al entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. De ahí que este plan se conozca en Bolivia como la “Agenda de Octubre”.

 

Los recursos naturales

Los inmensos recursos naturales que posee Bolivia han sido siempre bendición y maldición al mismo tiempo en la historia del país. La economía del país se ha caracterizado por los diferentes ciclos monoproductores, sobre todo los períodos de la plata, de la goma y del estaño. Actualmente es el ciclo del gas y por ende la manzana de la discordia. Bolivia tiene las segundas reservas más grandes de gas natural en Sudamérica después de Venezuela y es el corazón energético del subcontinente. Es el proveedor de gas de la Argentina y del Brasil. Además, los países vecinos que no disponen de gas y están hambrientos de energía como Chile y el Paraguay están cortejando desde hace años a Bolivia para que les venda gas.

 

Hasta principios de los noventa la administración del petróleo y del gas en Bolivia estuvo a cargo de la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) que fue, al igual que las otras empresas en manos del Estado, permanentemente el botín de guerra de los partidos políticos de turno, donde el prebendalismo y el intervencionismo estatal estaban a la orden del día. En el marco del liberalismo económico se privatizaron estas empresas en necesidad de capital, tecnología y, sobre todo, de una buena administración eficiente y transparente. De esta manera, con enormes incentivos y facilidades por parte del Estado, llegaron las transnacionales trayendo inversiones millonarias que posibilitaron el descubrimiento y certificación de las enormes reservas de gas natural.

El actual Gobierno “nacionaliza” en mayo del año pasado los hidrocarburos, pero no se trata en realidad de una nacionalización con expropiación de bienes, capitales y expulsión de las empresas internacionales sino, más bien, de un ajuste de tuercas a las transnacionales, a las que se obliga a firmar nuevos contratos con el Estado boliviano, aumentándose la carga impositiva de las petroleras del 50% al 82% actuales. Por otro lado, se trata de rearticular YPFB para que asuma un mayor papel en el manejo de los hidrocarburos, pero el primer año de este intento ha sido un fracaso total y las presiones e injerencias políticas impiden una vez más la administración eficaz de esta empresa.

 

A un año de Gobierno de Morales, y cuando su popularidad ha bajado considerablemente debido a los conflictos sociales, el Presidente ha nacionalizado hace dos semanas la empresa metalúrgica Vinto, de propiedad de la compañía suiza Glencore, con una desmedida e innecesaria intervención militar. En este caso, el Gobierno hace el mismo espectáculo: ocupa la empresa anunciando de que esta vez va en serio y que expropiará todos los bienes de la compañía, para retractarse a los pocos días diciendo que se considerará una indemnización. De cualquier modo, se están dando malas señales a los actuales y futuros inversionistas en Bolivia.

 

Las autonomías regionales

La estructura de la administración estatal en Bolivia es de carácter totalmente centralista; todas las decisiones se toman en la sede de gobierno, La Paz. Por ejemplo, en un país con más de un millón de kilómetros cuadrados y nueve departamentos, los prefectos, máxima autoridad departamental, eran nombrados hasta hace dos años directamente por el Presidente de la República. Desde hace muchos años, algunas regiones, sobre todo las del oriente boliviano, Santa Cruz, Beni y Pando, vienen reclamando mayor autonomía en las decisiones políticas y económicas, pero el tajante centralismo andino la ha denegado. En los últimos años, la importancia económica de las regiones ha cambiado completamente. Hoy en día, el motor económico de Bolivia es Santa Cruz, donde se encuentran el gas natural, el petróleo, la ganadería extensiva, la agroindustria y que además cuenta con capital humano preparado y emprendedor. Tarija, en el sur de Bolivia, desea igualmente autonomía ya que allí hay también grandes reservas de gas natural.

 

Morales y su partido, el MAS, hicieron campaña electoral ofreciendo respaldar el proceso autonómico y respetar el resultado del referendo sobre las autonomías regionales, que había sido convocado por el Presidente Carlos Mesa. El año pasado, se llevó a cabo el referendo y, como era de esperar, las regiones de la llamada “media luna”, por su similitud con esta forma en la ubicación geográfica (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) votaron por el Sí, mientras las regiones andinas votaron por el No. Ya como Presidente, Morales, temiendo perder espacios de poder, se dio la vuelta y apoyó abiertamente el No. Además, quiere seguir impidiendo las autonomías regionales como lo hicieron los antecesores a quienes él tanto criticó.  Esto está ocasionando serias fricciones y polarización en la sociedad boliviana. Es de esperar que en este Gobierno se dé finalmente paso a una verdadera descentralización del Estado que permita una administración más eficiente, responda a las necesidades locales y refleje el nuevo peso de las regiones.

 

La Asamblea Constituyente    

Desde agosto del año pasado la Asamblea Constituyente está sesionando en la capital constitucional, Sucre, allí donde se fundó la República en 1825 con el nombre de Bolivia en honor al libertador Simón Bolívar. Se quiere “refundar” el país y es acá justamente donde las diferentes visiones están encontradas. Por un lado, está la visión de Morales y sus partidarios, que quieren una Asamblea originaria con poder absoluto sobre las otras instancias estatales, desean retornar al indigenismo y otorgar a los pueblos indígenas “autodeterminación”, piden que la religión católica deje de ser la religión oficial y  desean además restringir la propiedad privada. Pero tal vez lo más grave sea el pedido de que los llamados “movimientos sociales”, afiliados en su mayoría al MAS, conformen un “órgano constitucional autónomo” que controle a los demás poderes del Estado.

 

Por otro lado, están los partidarios de mantener la República con la actual división de poderes, pero mejorando su funcionamiento mediante la descentralización administrativa vía autonomías regionales. Desean una Bolivia democrática, incluyente, moderna, con una economía de libre mercado y un Estado de derecho.

 

Los constituyentes se han dado tiempo hasta el 6 de agosto de este año, día nacional patrio, para terminar de redactar la nueva Constitución. Nadie sabe a ciencia cierta lo que saldrá de este experimento, pero lo que todos los bolivianos desean con ansia es en definitiva un nuevo contrato social; justo, igualitario, incluyente, que permita desarrollar en paz un futuro digno para todos los ciudadanos de un país riquísimo en materias primas, cultura y capital humano.

 

La gran ventaja de Morales como presidente es que al fin una mayoría de la población boliviana se siente representada e identificada con sus gobernantes y con este proceso de cambio, pero como hemos visto en los ejemplos anteriores, esta manera de hacer política pone al señor Morales en las filas de los políticos populistas de izquierda en Sudamérica. Al margen de este hecho, Bolivia está viviendo indudablemente un punto de inflexión en su historia pues habrá un antes y un después de Evo.

 

* Magíster en Economía

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12 de marzo de 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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